NOTICIAS A LIMIA | Inspección de Trabajo investiga en Trasmiras posibles contrataciones ilegales
La delegación provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social investiga en el Concello de Trasmiras presuntas contrataciones ilegales del todavía alcalde Emilio José Pazos Ojea, concretamente en aquellos que atañe al mantenimiento de las redes sociales del consistorio.
Según ha podido saber esta redacción, y pese a que el regidor ha contestado en repetidas ocasiones a preguntas de la oposición que las funciones de "community manager" la realizan miembros de su grupo de Gobierno, lo cierto es que detrás de las mismas está una "asesora" cercana al primer edil, que incluso asiste con cierta asiduidad a eventos organizados por el consistorio o a los plenos convocados por el anterior para la toma de imágenes.
La Inspección de Trabajo investiga si existe o no algún contrato formalizado con el Concello de Trasmiras, lo que obligaría a la anterior "asesora" a cursar su conveniente alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y su también correspondiente alta en los preceptivos impuestos de Renta e IVA, por la actividad económica que ahora subyace. O, por el contrario, presta sus servicios en "B" con supuestas retribuciones "encubiertas" por parte del alcalde o de su grupo de Gobierno.
La supuesta "asesora" también presta sus servicios para el grupo municipal del Partido Popular, participando activamente en los chats de su Whatsapp, tanto a nivel local como a nivel provincial. Como responsable de las redes municipales se ha permitido incluso la licencia de insultar a un anterior proveedor municipal, publicación autorizada por el regidor Emilio José Pazos.
Rosario de investigaciones
No es el único procedimiento en el que está incurso el regidor de Trasmiras, Emilio José Pazos. Al anterior, se le suman un par de procedimientos en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ourense por posibles irregularidades en la concesión de la licencia de ampliación de la gasolinera o el impago de una factura a un proveedor después de contratar sus servicios.
También se sigue en la Fiscalía una investigación por supuesta prevaricación administrativa en la concesión de una licencia de galpón a una vivienda en Escornabois.
La APLU (Agencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia) también está investigando otra vivienda levantada con el plácet del regidor en suelo rústico, concretamente a dos metros de otra casa que tenía orden de derribo por sentencia judicial.