Nuevo varapalo para los intereses económicos del "diario exclusivamente ourensano desde 1910", La Región. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de los de Ourense acaba de fallar contra la Diputación y el tabloide provincial, condenándolo a devolver los 213.000 euros más IVA (222.456,00 euros) que de manera irregular percibió del ente que preside José Manuel Baltar por suscripciones en el año 2020.
Entiende la magistrada que el contrato suscrito entre ambos -Administración provincial y La Región- para que los segundos distribuyesen periódicos de forma gratuita entre varios colectivos de la provincia, entre los que se encontraban "centros de ensino, organizacións benéficas, centros de saúde, asociacións de veciños, centros de maiores, etc."; carece de toda validez porque se sustentó en el informe de un asesor de comunicación de la Diputación con carácter de eventual -cuando dichos informes preceptivos debe emitirlos un funcionario- y que, además, no concreta con claridad el objeto del contrato, al no fijar con claridad ni el precio de los ejemplares, el número de ellos que se repartirían, ni los destinatarios concretos de los mismos.
Entiende la magistrada que el contrato carece de toda validez porque se sustentó en el informe de un asesor de la Diputación con carácter de eventual, cuando dichos informes preceptivos debe emitirlos un funcionario.
Además, la magistrada sostiene que "no resulta un hecho controvertido que, en la fecha de adjudicación del contrato, el umbral para que un contrato de suministro adjudicado por la Diputación de Ourense estuviese sujeto a regulación armonizada era de un valor estimado de 214.000 euros", esto es, 1.000 euros más del precio fijado entre el ente provincial y La Región para esa inyección económica maquillada vía venta de ejemplares a organismos e instituciones tanto públicas, como privadas: "Se fija un valor estimado del contrato sin referencia a ningún elemento objetivo, como número de unidades objeto de suministro o centros en los que se va a realizar (...)", recalca la titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de los de Ourense.
También el fallo pone el foco en los informes de los técnicos jurídicos de la Diputación, aquellos preceptivos para poder contratar y en los que debería motivarse la no alteración de los preceptos legales para fraccionar un contrato. Dice la jueza que "en relación con la justificación motivada de que no se está alterando su objeto -el del contrato- con el fin de evitar la aplicación de los umbrales para poder acudir a esta contratación menor, la propuesta únicamente afirma 'Xustifico a ausencia de alteración ou fraccionamento do obxecto do contrato con fin de eludir as normas xerais de contratación', pero nada justifica después, limitándose a efectuar esa mera afirmación (...)", entiende la magistrada, que considera este hecho como otra infracción de los requisitos exigidos que deviene en la estimación del recurso y la anulación de la adjudicación.
Otro fallo más tras la demanda de Democracia Ourensana
Fue la organización política que preside Gonzalo Pérez Jácome la que ya en su día logró invalidar el contrato de compraventa del archivo de La Región por la Diputación de Ourense, por entonces fijado en 2,7 millones de euros más impuestos. Una de las irregularidades cometidas, al igual que en este caso, había sido que el informe preceptivo estaba firmado por un asesor del ente provincial con carácter de eventual.
Lo mismo ocurre en esta última adjudicación que acaba de ser anulada por los tribunales, cuya propuesta viene suscrita por el anterior asesor de comunicación de José Manuel Baltar, Fernando Rodríguez. Asesor que fue sustituido tras su marcha por el exredactor jefe de La Región, Javier Rey, quien todavía permanece en el cargo.
