Algo inaudito, o por lo menos en los últimos tiempos y en los Concellos de la comarca, ha sido lo ocurrido esta mañana, a muy temprana hora, en el de Trasmiras, donde con los votos a favor del Partido Popular se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares para la licitación del contrato de concesión de obras para la redacción del proyecto, dirección facultativa, construcción, equipamiento y gestión de la residencia y del centro de día para personas mayores.
Allí, lejos de que la oposición, que tiene como único partido a los nacionalistas del BNG encabezados por María do Mar Alonso; pusiese sobre la mesa los posibles errores apreciados en el documento que el alcalde traía a su aprobación; fue un abogado -el redactor del pliego, Alfonso Grande-, quien protagonizó toda la sesión, no para explicar pormenorizadamente los puntos de dicha propuesta, sino para justificarse y enmendar, punto por punto, el informe desfavorable redactado por la secretaria municipal titular María Jesús Romero, eso sí, a preguntas de la portavoz frentista.
Entendía la funcionaria habilitada nacional y con oposición que el documento presentado a debate y aprobación en el seno del plenario presentaba algunas deficiencias que debían corregirse. Entre ellas, apreciaba en su informe la funcionaria titular que los plazos máximos para la redacción del proyecto de construcción estaban muy limitados, fijados en un máximo de un mes cuando lo habitual, dada la complejidad de la obra, implicaría un mínimo de dos o tres meses.
Señalaba también la secretaria que en el pliego no se delimitaba claramente la finca sobre la que se levantaría la construcción. Existe una segregación posterior del terreno inicial, que ha sido revertido a los vecinos, pero ese particular no aparece reflejado en el documento.
Puso el foco también la funcionaria del Concello de Trasmiras en la exigencia de que los licitadores tengan experiencia en la gestión de residencias de al menos 50 o más plazas, algo que entiende la firmante que restringe y mucho la posibilidad de que un mayor número de empresas concurran al procedimiento.
También apreció en el pliego la falta del informe de necesidad, a su juicio imprescindible en el procedimiento; errores en los precios fijados para el servicio del centro de día, que no concordaban con los inicialmente aprobados en la ordenanza reguladora anterior al pliego, así como ciertas inconcreciones en la atribución de la puntuación a los aspectos estéticos y técnicos de las posibles propuestas: aseguraba la secretaria en su informe que los valores atribuidos "aparecen vagamente definidos" para otorgar una puntuación de 20 enteros.
En el documento que se sometió a votación también se omitió un enlace al plan antifraude, de obligado cumplimiento, así como qué parte de la obra estará financiada por fondos públicos -aportados por Xunta de Galicia y Deputación, con un total de 1.450.000 euros- y cuál será bajo la estricta aportación del adjudicatario, al haberse fijando un precio estimado de la construcción de 2,7 millones de euros más el oportuno IVA.
Pues, en todos los anteriores puntos, a excepción del relacionado con el link al plan antifraude, el redactor del pliego, abogado de profesión con despacho en Celanova, además de intentar hacer valer su criterio sobre el de la secretaria, repitió en más de una ocasión que "fixen este mesmo proxecto para outros Concellos como o de Xunqueira de Ambía, A Peroxa, Dozón, ou Cercedo-Cotobade. E, nin a secretaria decana da provincia, a do Concello de Xunqueira de Ambía; nin o secretario e os dous técnicos do Concello de Dozón, nin na Peroxa, nin mesmo un catedrático de Dereito Administrativo da Universidade de Barcelona que me asesora nestas cuestións opinan coma vostede. Non hai ningún informe que lle poña problema a eses pliegos, e se en todos os sitios os aproban, tontos non seremos", afirmó en un claro ataque a la funcionaria municipal, que acabó retándola a que acudiese a un procedimiento legal en el Contencioso "a ver se o xulgado lles da a razón".
En todo momento, la secretaria titular de la plaza en el Concello de Trasmiras, y responsable de que esa institución haga cumplir la ley, se limitó a escuchar la intervención del letrado de parte del alcalde sin entrar en debate.
Un abogado con intereses en el sector que redacta el pliego y puntuará a los licitadores
Alfonso Grande, como así ha podido comprobar estar redacción, ha participado en la redacción de varios documentos administrativos como el presentado en el Concello de Trasmiras. Lo hizo, por ejemplo, en el 2023 en el ayuntamiento pontevedrés de Cercedo-Cotobade, con un pliego muy similar para una residencia de características parecidas a la que sale a concurso en Trasmiras.
Conoce muy bien el mundo de las residencias de la tercera edad, e incluso participa como socio en la entidad que explota el centro de mayores de Montederramo. Su socio también gestiona la residencia de A Bola, uno de los ejemplos que Grande utilizó en el pleno de esta mañana para justificar que los licitadores deberían de acreditar experiencia en la gestión de residencias de más de 50 plazas.
Fue, a su vez, el encargado por el Concello de Cercedo-Cotobade para informar sobre la documentación y la propuesta presentada por la única empresa licitadora en aquel caso, la constructura ourensana Coviastec, muy próxima a la Deputación de Ourense.
Coviastec es, curiosamente, la compañía que se encargó de redactar el anteproyecto técnico de la residencia del Concello de Trasmiras, que el propio Concello utilizó para iniciar el concurso de la residencia de mayores de la localidad.
